Surgen nuevos detalles sobre enfrentamiento entre pastores y policías
Las autoridades de Georgia revelaron hoy nuevos detalles sobre el incidente violento en el que dos policías se enfrentaron a una familia de pastores hispanos afuera de su iglesia, que acabó con el arresto de los religiosos.
El Departamento de Policía de la ciudad de Lilburn informó que la adolescente que buscaban en el templo por haber abandonado su casa está embarazada y que al parecer uno de los hijos del pastor, que también es menor de edad, es el padre de la criatura.
De acuerdo con el reporte oficial, al cual tuvo acceso en exclusiva este medio, la chica de 16 años tenía cuatro meses de haber huido de su hogar y su madre, Ana Cárdenas, presentó una denuncia ante la policía del condado de Gwinnett.
El domingo pasado, la mujer llegó a la iglesia y, tras cerciorarse que su hija estaba ahí, llamó al 911. La madre declaró que la familia de pastores, de apellido Cruz, le impedía a la joven comunicarse con ella y que le estaban “lavando el cerebro”.
La hermana de la adolescente dijo a los agentes que la familia Cruz le había hecho creer a la menor que su propia madre era una prostituta que la abusaba, algo que rotundamente negó.
El expediente judicial también revela que la familia de la joven en cuestión declaró que los Cruz no le permitían que contactara a su familia biológica y que la habían manipulado para que comenzara a vestirse y actuar “diferente”.
Debido a esas denuncias, los agentes que acudieron a la iglesia La Sendas Antiguas, en la ciudad de Lilburn, se disponían a investigar el caso sin imaginarse en qué acabaría ese encuentro.
Y es que cuando uno de los uniformados le pidió a Wilmer Cruz, de 17 años, que llamara a su padre, el pastor del mismo nombre, este comenzó de manera prepotente a preguntarle que para qué. Lo hizo varias veces, hasta que el patrullero le dijo que eso no le incumbía.
De repente salieron los dos padres del muchacho y comenzaron a alegar con los oficiales de que ellos tenían autorización del mismo Estado para estar con la menor, ya que en su hogar había sido víctima de abusos y maltrato.
Sin embargo, no pudieron presentar ningún documento que los respaldara, por lo que las autoridades siguieron exigiéndoles que se las entregaran, a lo que ellos se opusieron.
Al final, se produjo un violento forcejeo en el que los agentes fueron tomados por el cuello, empujados contra la pared y hasta agarrrados con fuerza por la espalda.
Los oficiales tuvieron que hacer uso de sus pistolas eléctricas, bastones y gas pimienta para contener a la familia Cruz.
Después de varios minutos, cuatro de sus miembros fueron arrestados, pero eso fue posible hasta que llegaron refuerzos.
En su reporte, la pareja de agentes involucrados afirmó que “en más de un momento temieron por su seguridad debido a la presión que ejercieron contra ellos”.
Tras ser capturados, dos niños de la pareja de pastores fueron entregados a un amigo de la familia y miembro de la congregación, pero sus hermanos mayores fueron a parar a la cárcel con sus padres.
Los cuatro fueron acusados de interferir en la custodia de un menor, obstrucción a la justicia, asalto agravado a un agente de la ley y robo, pues durante el altercado tomaron el radio comunicador y la pistola eléctrica de los agentes.
Todo el incidente fue documentado en video, tanto por las cámaras que los oficiales portaban en su pecho, como por algunos feligreses y transeúntes.
A pesar de esas pruebas, varios allegados a los detenidos, quienes prefirieron no hablar en cámara, dijeron a este medio que están convencidos de que hubo abuso de autoridad. Además afirmaron que la madre de la menor que las autoridades buscaban está mintiendo porque ella la echó de la casa.
Denunciaron también que ella practica la “brujería”. No obstante, esta versión fue desmentida por la madre, que dijo que todo se derivó porque ella es católica y aclaró que no la echó del hogar. “Yo soy incapaz de regalarla” aseguró Cárdenas.
Los sospechosos comparecieron el lunes ante un juez estatal, que les negó el privilegio de salir libre bajo fianza debido a la seriedad de los cargos que encaran, por lo que deberán permanecer en prisión, hasta que el juicio se lleve a cabo, lo que podría tomar varios meses.
De ser encontrados culpables, encaran condenas de hasta varios años en prisión y posteriormente quedarían expuestos a ser deportados a El Salvador, ya que no son ciudadanos estadounidenses.
Fuente: Mundo Hispanico