Abuso a menores: los detalles de la acusación de la ONU al Vaticano
El Comité de Protección de los Derechos de los Niños de las Naciones Unidas (CRC, por sus siglas en inglés) dio a conocer un informe realizado en los últimos seis años en el que crítica fuertemente el comportamiento del Vaticano por adoptar “políticas y prácticas que llevaron a la continuación de abusos a menores y a la impunidad de los responsables” y en no tomar “las medidas necesarias” para atender estos casos y proteger a los menores.
El reporte, presentado en rueda de prensa en la ciudad de Ginebra este miércoles, incluye observaciones preocupantes sobre el abuso sistemático por parte sacerdotes y religiosos a menores, y recomendaciones al gobierno de la Iglesia Católica para evitar que se presenten más casos en el futuro.
Aunque el informe destaca los avances que se han logrado en los últimos meses, como la creación de varias comisiones en el seno del Vaticano e impulsadas por el papa Francisco, aclara que todavía deben definirse nuevas políticas en el interior del gobierno y la legislación (renovación del derecho canónico) que rige la Iglesia Católica.
“La movilidad de los responsables, que ha permitido a muchos sacerdotes mantenerse en contacto con niños y continuar abusando de ellos, sigue poniendo a los menores en alto riesgo de abuso sexual en muchos países”, se lee el informe.
“Y eso se debe a la falta de castigo de estos delitos por parte de los jerarcas eclesiásticos. Además, los miembros involucrados deben ser expulsados de forma inmediata de la Iglesia Católica”.
BBC Mundo resume los puntos más detacados del informe y la reacción del Vaticano tras su difusión.
clic Lea también: 5 preguntas sobre el escándalo de abusos sexuales
Abuso sexual
El informe acusa al Vaticano de violar sistemáticamente la convención que protege los derechos de los niños en el mundo.
Una gran parte se centra en la falta de control por parte de la Iglesia para detener los abusos y el enjuiciamiento de las personas acusadas de abuso sexual.
“El Comité esta particularmente preocupado que ante las numerosas alegaciones de abuso sexual, la Santa Sede eligió preservar la reputación de la Iglesia al proteger a los perpetradores de los delitos sobre el interés de los niños”.
En los puntos siguientes no solo se reafirma que se eligió preservar el prestigio de la Iglesia Católica, sino que además se advierte que su normativa (el derecho canónico) no tiene previsto ningún tipo de reparación para las personas afectadas por un miembro del clero.
“También existe una preocupación porque a pesar de que la Santa Sede aceptó la responsabilidad de los casos, los siguió tratando mediante la aplicación del derecho canónico, que no contempla la protección, apoyo, rehabilitación y compensación a las víctimas de abuso sexual”, señala el informe.
Además el reporte es categórico al rechazar la falta de dureza de la Iglesia con sus miembros cuando los casos salieron a la luz pública y critica el hecho de que altos funcionarios de la institución religiosa, como el cardenal colombiano Darío Castrillón Hoyos, haya felicitado a un obispo por ocultar los abusos y no denunciarlos.
“Con un código de silencio que se castigaba con la excomunión si se rompía, los casos de abuso sexuales nunca fueron reportados a las autoridades de los países donde ocurrieron. Al contrario, el Comité se encontró con casos de felicitación a sacerdotes que se negaron a denunciar a los abusadores, como lo muestra la carta del cardenal Castrillón Hoyos al obispo Pierre Pican en 2001”.
El informe también hace referencia al escándalo de los Legionarios de Cristo en México y los prodecimientos utilizados por el padre Marcial Maciel, el fundador de esta institución católica, para abusar de menores.
En la segunda parte del informe, el Comité hace énfasis en la falta de logística y estructura en el interior de la Iglesia Católica para afrontar este problema.
“La Santa Sede no proveyó los datos solicitados por esta oficina en los casos de ventas de niños, prostitución infantiles y casos de pedofilia manejados por la Congregación de la Doctrina de la Fe desde 2001”.
Pero lo más grave que destaca el informe en este apartado fue la falta de presión por parte de los altos funcionarios de la Iglesia para difundir la gravedad de la situación.
“En muchos casos, las autoridades de la Iglesia, incluido en la más alta jerarquía del Vaticano, se han mostrado reacias y en algunos casos han rechazado cooperar con las autoridades judiciales y comisiones de investigación”, se lee en el informe.
Por eso, una de las recomendaciones del Comité es que se cree una oficina especial dentro del Vaticano para evitar que estas situaciones se vuelvan a presentar en el futuro.
“El Comité le sugiere a la Santa Sede deroge de forma inmediata cualquier norma dentro del derecho canónico que facilite este comportamiento de sus miembros y que favorezcan la impunidad. Además, también recomienda que desarrolle e implemente un completo mecanismo que permita la recolección de información, monitoreo y el cálculo exacto del impacto de estas actividades en los años recientes”.
Pero el informa va más allá de los casos de pederastia por parte de clérigos católicos y también hace hincapié en delitos como esclavitud de menores que se presentaron en algunos conventos y la incapacidad de reconocimiento de paternidad por parte de los sacerdotes que tienen hijos sin permiso de la Iglesia.
“El CRC también muestra su preocupación por la situación de los hijos de algunos sacerdotes católicos, quienes en la mayoría de los casos desconocen las identidad de sus padres. El Comité encontró que algunas madres obtuvieron un pago regular por parte de la Iglesia Católica para financiar el sostenimiento del menor solo si firmaba una cláusula de confidencialidad”.
En el caso de los bebes robados, la mayor preocupación de comité es que nunca se hizo una investigación para detener lo que es una clara violación de los derechos de los menores en los conventos donde llegaban mujeres embarazadas por algún tipo de refugio, refiriéndose específicamente al caso de las lavanderas de la Magdalena, en Irlanda.
“La Santa Sede no tomó las medidas necesarias para proteger y brindar justicia a aquellas niñas que fueron arbitrariamente llevadas a este lugar por sus familias. El lugar fue regido por una congregación católica hasta 1996”.
No obstante, el informe destaca los avances realizados en los últimos meses por parte del papa Francisco y la creación de un comité de la verdad en agosto de 2013.
El primero en reaccionar al informe de la ONU fue el portavoz de la Santa Sede, Federico Lombardi, quien fue interrogado después de una reunión de la Conferencia Espiscopal Española, en Madrid.
“La Iglesia afronta los casos de pederastia con una exigencia de transparencia y en las próximas semanas se explicará el funcionamiento de la comisión creada para prevenirlos”, afirmó Lombardi ante varios medios de comunicación.
Posteriormente se conoció un comunicado de prensa en el que el Vaticano acepta el informe en la mayoría de sus contenidos.
“Estamos comprometidos con la defensa y la protección de los derechos de los niños en el mundo. El informe será sometido a un exhaustivo análisis. Sin embargo, rechazamos que el organismo (de la ONU) interfiera con nuestra consideraciones morales sobre la homosexualidad, los anticonceptivos y el aborto”, señala en un comunicado.