Por qué la política migratoria de Trump crea una situación inédita para millones de indocumentados

Desde la victoria de Donald Trump en las elecciones del 8 de noviembre, el denominador común de lo que sienten los inmigrantes indocumentados sobre las políticas migratorias del gobierno es la incertidumbre por no saber qué va a suceder con ellos en el futuro inmediato.

A esto se une el alarmismo presente entre muchos activistas por la causa migratoria en un contexto donde comienzan a verse redadas contra indocumentados que en algunos casos no tienen antecedentes penales.

También la preocupación aparece entre personas que sí poseen un estatus legal en el país o que incluso ya poseen una tarjeta de residencia, especialmente después de que se comenzó a aplicar por muy breve tiempo la orden ejecutiva que tenía como blanco ciudadanos provenientes de siete países de mayoría musulmana.

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Se suman por otro lado los decretos firmados por el presidente Trump para mejorar la seguridad pública en el interior de Estados Unidos, que incluye las ciudades santuario, y sobre la mejora de la seguridad fronteriza e Inmigración, donde decreta el comienzo de la planificación de un muro en la línea divisoria con México.
La base legal de Trump

Tanto la orden ejecutiva de las ciudades santuario como la del muro encendieron alarmas en la comunidad inmigrante. El presidente, cumpliendo lo que había advertido varias veces durante su campaña, puso en marcha un severo programa para poner fin a la inmigración indocumentada. Para ello, activó secciones de la Ley de Inmigración que se encontraban inactivas parcialmente porque sus antecesores,

Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton optaron por una cierta discrecionalidad a efecto de permitir que millones de indocumentados que no representaban una amenaza para la seguridad nacional, se quedaran en el país. Algunos legalizaron sus permanencias, pero la gran mayoría esperan a que el Congreso apruebe una reforma migratoria que, por ahora, no figura en la agenda ni del presidente ni del Partido Republicano.

Para entender la estrategia de Trump, hay que leer detenidamente las órdenes ejecutivas del 25 de enero. Al tiempo que desempolvó las causas de inadmisibilidad y las razones de expulsión contenidas en la Ley de Inmigración (INA), el mandatario declaró una emergencia y determinó que la inmigración indocumentada es “una amenaza significativa para la seguridad nacional y pública”.

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Para ello, Trump se apoya en el Artículo 2 Sección 3 de la Constitución, que incluso le concede poderes extraordinarios para convocar al Congreso a que apruebe medidas que él estime necesarias, y suspender sesiones en caso que el legislativo discrepe de sus órdenes. También invoca la Sección 3331 Título 5 del Código de Estados Unidos, donde jura solemnemente que “apoyará y defenderá la Constitución contra todos los enemigos, extranjeros y domésticos”.

“Vivimos momentos difíciles y peligrosos”, advierte José Pertierra, un abogado de inmigración que ejerce en Washington DC y colabora con la estación local de Univision. Añade que los riesgos no solo afectan a los indocumentados, sino “también a los residentes legales y los ciudadanos estadounidenses”.

El presidente y los republicanos que lo apoyan “han abierto frentes de guerra donde quiera”, dice Perierra. Una de las respuestas puede hallarse en que nunca antes se habían fusionado simultáneamente tantas secciones y capítulos de la ley de inmigración, la Constitución y el Código de Estados Unidos para crear un sistema severo, donde no hay cabida para la compasión y la empatía con el inmigrante.

El objetivo, dice Trump en una de sus órdenes ejecutivas, es dirigir los departamentos y agencias a efecto que desplieguen “todos los medios legales para proteger la frontera sur del país, prevenir la inmigración ilegal, y para repatriar a extranjeros ilegales de forma rápida, consistente y humana”.
Los más vulnerables

Maru Mora, directora de comunicaciones de Latino Advocacy, en Seattle, Washington, comenta que las órdenes ejecutivas de Trump pusieron en riesgo de deportación no a una ni a 100 personas, sino “a los 11 millones que viven en este país”. Cuando le pregunté cómo lo sabía, dijo: “No tengo todas las respuestas en estos momentos, pero por mi experiencia y por el discurso que nos ha dicho desde que comenzó su campaña (el 2 de junio de 2015), aseguró que deportará a todos los indocumentados”.

Los temores de Mora son los mismos que en los últimos días se han regado por varios estados. Y tal vez no sea necesario esperar a que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publique un reglamento en el Registro Federal para conocer quiénes son los indocumentados que deportará el gobierno, y qué tipo de crímenes los harán deportable a un inmigrante. Basta con revisar las secciones que Trump cita en sus órdenes ejecutivas para conocer la lista de delitos o faltas que activarán las expulsiones.

“La táctica de Trump y los republicanos es crear pánico entre la población”, dice Pertierra. Pero sobre todo “entre los indocumentados, para que se vayan por su propia cuenta y no sigan entrando”.

Un escenario que, para Roberto Izurieta, director del programa de Campañas Políticas de América Latina de la Universidad George Washington, favorece grandemente al gobierno porque “sólo la minoría de los inmigrantes indocumentados tiene problemas civiles o penales. Han existido muchas estadísticas al respecto y estas no son exactas”.

“No todos los asuntos legales pendientes, más allá de no tener papeles de inmigración en regla, varían. Por ejemplo, haber sido llamado de forma aleatoria a presentarse ante un juez y no por haber cometido una infracción de tráfico. Sinceramente, no creo que el gobierno tenga la capacidad para deportar a todos los indocumentados”, indica Izurieta.
Quiénes son deportables

La lista de causas de deportación o inadmisibilidad para conseguir una visa van desde personas con enfermedades contagiosas hasta deportados. Incluye a personas acusadas de uso de drogas, condenados por un delito que implique torpeza moral, condenados por dos o más delitos simples, involucrados en tráfico de personas, cargos por narcotráfico, cónyuges e hijos de personas acusadas de narcotráfico, blanqueo de dinero, violencia doméstica, deportados que volvieron sin permiso, indocumentados en libertad condicional, extranjero que haya entrado ilegalmente, y aquellos que pidieron asilo y sus solicitudes fueron rechazadas.

También incluye el haber dado una declaración falsa durante un trámite migratorio, ayudar a una persona inadmisible entrar al país, violar los términos de sus visas, los que ingresaron con visa y cometieron un crimen que los convierte en deportables, y cualquier extranjero residente legal permanente que haya alentado, inducido, asistido, instigado o ayudado a otro extranjero para entrar o tratar de entrar al país de manera ilegal.

Además, se considera deportable a cualquier extranjero que se haya declarado culpable de dos o más delitos de torpeza moral, haber cometido un delito agravado, acusados de haber cometido cualquier clase de delito de ofensa sexual, personas que hayan sido condenadas por violar la ley, falsificar documentos, no haber notificado un cambio de dirección, cualquier extranjero que se haya convertido en una carga pública, personas que hayan permanecido fuera del país para eludir la inscripción en el Servicio Selectivo (Select Service) en tiempo de guerra o período declarado por el presidente como de emergencia nacional, y cualquier indocumentado en el país, es decir, los 11 millones advertidos por Mora.
Nueva situación

“La prioridad de deportar a los migrantes con antecedentes penales o serias violaciones de inmigración, no ha cambiado, pero sí la metodología”, dice Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de Leyes de la Universidad de California en San Diego. “La política de discreción procesal (prosecutorial discretion) también ha cambiado y ahora los fiscales tienen órdenes de no cerrar casos administrativamente, que no eran prioridad, sino llevarlos a juicio”, agrega.

El problema, advierte, es que las cortes de inmigración se encuentran atascadas. Un reciente informe del Centro de Información de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse, en Nueva York, reveló que al 31 de diciembre había más de 533,000 expedientes acumulados. “Esto significa que tendremos juicios programados para el 2018 o el 2020 debido a la falta de jueces”.

Velásquez también señala dentro de las nuevas prioridades de Trump están los niños no acompañados que, en los últimos tres años, han sido detenidos en la frontera. Los menores huyen de sus países (Guatemala, El Salvador, Honduras y México a causa de la guerra y la violencia) y buscan asilo en Estados Unidos.

“Sobre el futuro de los 11 millones de indocumentados, no veo en el horizonte una reforma migratoria para legalizarlos. Esto es deprimente, saber que las redadas y deportaciones continuarán y no lograrán la residencia permanente”, señala. “Por el momento la comunidad legal estamos trabajando muy duro para informar y aconsejar a los migrantes de sus derechos si son detenidos”, comenta. Las opciones, por el momento, son escasas.